Plan de gobierno para recuperar el futuro 2021 - 2025

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Esta propuesta está basada en el Plan de Gobierno 2021-2025 presentada al Consejo Nacional Electoral por el binomio Andrés Arauz – Carlos Rabascall. El propósito de esta Wiki es profundizar la propuesta entre todos, encaminada a construir nuestro Plan Nacional de Desarrollo para recuperar el futuro.

Índice

1. Introducción

a) ¡Retornarán los días de gloria, para volver a tener futuro!

b) ¡Declaramos la emergencia por la vida, las justicias y la democracia!

2. Trabajo

a) Futuro económico y productivo

1) Economía

2) Producción

b) Futuro de los conocimientos y la innovación

1) Educación general (inicial, básica y media)

2) Ciencia, tecnología e innovación

3) Educación Superior

c) Futuro digital creativo

3. Futuro

a) Futuro por la vida y la salud

b) Futuro democrático

c) Futuro generacional

d) Futuro ecológico

4. Dignidad

a) Futuro soberano

b) Futuro cultural plurinacional

c) Futuro de las mujeres

d) Futuro de equidad e igualdad

¡Retornarán los días de gloria, para volver a tener futuro!

¡Declaramos la emergencia por la vida, las justicias y la democracia!

La década de la igualdad 2007-2017 generó un camino de esperanza. No obstante, el neoliberalismo intenta obstruir la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano construya su propia historia. El morenismo quiere lapidar la viabilidad de imaginar un futuro: todo es añoranza y puro presentismo porque se vive para sobrevivir.

Por eso hay que insistir: la crisis actual no es inevitable. En Ecuador las personas no mueren por el coronavirus, mueren por el neoliberalismo. Mueren porque tienen que escoger entre el hambre segura o el riesgo de enfermarse buscando el sustento en la calle. Mueren cotidianamente, poco a poco, porque son despedidas repentinamente o tienen que cerrar imprevistamente sus pequeños negocios; porque no pueden estudiar ni alimentarse adecuadamente; porque no pueden cobrar sus pensiones ni acceder a los servicios de salud; mueren porque, en medio del encierro forzoso, se propaga el temor que alimenta la violencia dentro de los hogares.

El coronavirus es eso, ni más ni menos: un virus; pero la enfermedad real, el peligro mayor, es un gobierno indolente y corrupto que relega al pueblo porque tiene otras prioridades. En lugar de pagar a los servidores públicos, en especial a las y los profesionales de la salud, prefiere pagar por adelantado a los acreedores de la deuda externa. En lugar de construir hospitales para atender la emergencia sanitaria reparte los fondos públicos como botín político para la partidocracia. Se roba el dinero de los pensionistas del seguro social para comprar supuestas lealtades dentro de una Asamblea corrupta. Se roba el dinero de la emergencia sanitaria con sobreprecios en compras públicas para combatir el virus. Se negocian carnés para personas con discapacidad sin que califiquen para ello. Se desfinancia la educación pública, tanto escuelas como universidades, al mismo tiempo que se rebajan los impuestos a las grandes fortunas del país. Se facilita la contratación irregular, sin seguro social, y los despidos intempestivos, sin liquidación, induciendo así a la explotación de las trabajadoras y trabajadores. Y no se puede olvidar que este gobierno aún no ha investigado los escándalos de corrupción en torno al núcleo presidencial denunciados en el conocido caso INApapers.

La crisis tiene, por tanto, sus beneficiarios y sus damnificados. En el último año 643.420 personas se quedaron sin empleo en Ecuador. La pobreza (ingreso mensual menor a USD 84,83 a diciembre 2019) aumentará del 25,7% al 31,9% y la pobreza extrema (ingreso mensual menor a USD 47,80) del 7,6% al 11,6% (CEPAL). En los últimos tres meses, 270 mil personas dejaron de aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por el desempleo. Hoy la tasa de desempleo es del 11,6% para los hombres, y del 15,7% para las mujeres. Y solo tres de cada cinco niños pueden estudiar porque el resto no tienen acceso a internet.

El único argumento del neoliberalismo para imponer estas medidas es que la crisis es inevitable: no hay alternativa. Pero esto es falso. Recordemos que el discurso antes de 2007 era similar, y el principal logro de la Revolución Ciudadana durante la década ganada fue recuperar la esperanza de un país acostumbrado a no tener sueños. El neoliberalismo había obligado a las grandes mayorías a aceptar vivir en condiciones de miseria, de explotación, de despojo; y las expectativas eran tan bajas que se cumplían muy rápidamente las mínimas metas de supervivencia.

Con la Revolución Ciudadana se dignificó la política recuperando su significado más esencial: como traducción de la voluntad popular. Así se recuperó el orden institucional, se democratizaron los derechos, se (re)distribuyeron los ingresos y la riqueza. Todo lo cual permitió que la sociedad se vuelva más justa, libre e igualitaria; poniendo siempre en primer lugar a las y los excluidos, los pobres y los trabajadores.

La hoja de ruta para el cambio fue la Constitución de 2008, que se redactó colectivamente y con una enorme participación ciudadana, como nunca antes en la historia, sobre la base del mandato constituyente de un ideal regulativo, la utopía de la Sociedad del Buen Vivir; la Sociedad del Sumak Kawsay. La ratificación, por primera vez en la historia del país, de una Constitución a través de una consulta popular era la ratificación del deseo de querer vivir juntos y construir este porvenir compartido.

Pero romper las estructuras subjetivas y objetivas, institucionales y materiales del neoliberalismo no se hace de la noche a la mañana. Peor aún superar siglos de colonialismo y patriarcado. El proceso debe ser continuo y sistemático, corrigiendo los errores o los problemas que se presenten en el camino. Planificar, construir y destruir para volver a edificar son parte de un ejercicio no lineal. Pero las dificultades mayores no son los obstáculos del recorrido; en la transición en que muere lo viejo y surge lo nuevo hay fuerzas (nacionales e internacionales) que se resisten al cambio, que intentan mantener el statu quo del privilegio neoliberal. Pero si la sociedad del privilegio prevalece, la sociedad del buen vivir muere.

Por eso debemos estar conscientes que la crisis tiene sus beneficiarios y sus damnificados. Los beneficiarios del statu quo proclaman el regreso a la “normalidad”, pretenden seguir lucrando de los dineros públicos consumiendo al Estado, proclamando que es un Estado “obeso” y debe “enflaquecer”. Por medio de una preclara dieta: en estos mismos momentos, se prepara la privatización del Banco del Pacífico, de Seguros Sucre; de las hidroeléctricas (Sopladora, Manduriacu, Ocaña, etc.) y los activos petroleros (la Refinería de Esmeraldas, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, la preventa de petróleo); de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y de los medios públicos; así como el reparto discrecional del espectro radioeléctrico, etc. Estos intentos de expropiar el patrimonio público y desmantelar los sectores estratégicos del Estado van de la mano con los compromisos de cumplir la agenda de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Acciones que parten de una estrategia de manos atadas para estrechar el margen de maniobra del próximo gobierno.

Pero esto no ha sido suficiente: la partidocracia también se ha empeñado en coartar la posibilidad de alternativas democráticas. La reforma constitucional del 2018 destruyó el Estado de Derecho y la democracia. Mediante procesos ilegales y corruptos de destitución de los miembros del CPCCS y las autoridades de control en funciones, la evaluación y posterior destitución de jueces, del Fiscal General del Estado y de los magistrados de la Corte Constitucional, se ha instalado un sistema judicial y de autoridades de control obsecuente al poder de turno y una corte Constitucional que, lejos de cumplir su rol de garante de la Constitución, se ha convertido en un organismo de interpretación constitucional para legitimar acciones criminales de quienes detentan el poder.

Luego de destruir la institucionalidad de la democracia, mediante la cooptación y la división la partidocracia se encargó de destruir al Movimiento Alianza PAÍS, la organización política más grande y representativa del Ecuador. Como no bastó con esto para acallar las voces críticas, persiguieron a los líderes y a los asambleístas del Movimiento imputándoles cargos de terrorismo y rebelión contra el Estado, por presentar alternativas al orden neoliberal. Y durante todo este tiempo, de manera sistemática y persistente, acosaron y hostigaron a Rafael Correa buscando su muerte política con causas judiciales espurias; porque saben que sigue siendo el líder más importante y representativo del país, que ganaría unas elecciones democráticas libres… y esto les da temor. Por eso en Ecuador el día de hoy no vivimos en democracia, sino en un régimen autoritario que, en el fondo, es el único conciliable con el neoliberalismo imperante.

Pero no es necesario un terremoto para derrumbar un gigante con pies de barro. El día de hoy el dogma neoliberal tambalea en todo el mundo porque frente a la epidemia incluso los gobiernos más ortodoxos tienen que recurrir al Estado para asumir su rol de protección social, activando los sistemas de salud pública y seguridad social; se aplican programas de reactivación, estímulos fiscales y facilidades de crédito. Las circunstancias de crisis nos muestran con crudeza los límites del neoliberalismo y evidencian como nunca antes la necesidad social de los bienes públicos y comunes. Evidencian la necesidad imperiosa de otro mundo posible, más allá del dogma neoliberal. Por eso estamos urgidos y obligados a inventar otro modelo, ecológico-social-económico-político-cultural, que ponga en el centro a la vida, a la igualdad y la justicia, a la armonía con la naturaleza.

No obstante, en Ecuador el gobierno morenista va a contramano de la historia. Al mismo tiempo que las autoridades de salud anuncian que ya no hay camas disponibles en terapia intensiva y la curva de muertes sigue creciendo (hasta el viernes 18 de septiembre: 124.129 casos confirmados y 11.044 fallecidos, según datos del MSP), el presidente Moreno sentencia un ajuste de USD 4 mil millones del gasto público, y pretende comprometer al país en un nuevo acuerdo de largo plazo con el FMI para así dejar al próximo gobierno maniatado.

¿Por qué? Porque en Ecuador el capital de los acreedores que demandan el ahorro de los fondos públicos (para llenarse sus propios bolsillos, se entiende) es más importante que la vida de los ciudadanos. El neoliberalismo es la enfermedad que pretende curar. Solo así se puede entender que el presupuesto de USD 353 millones del Plan de Salud de 2017 se redujera a USD 302 millones en 2018 y a USD 186 millones en 2019. A la par que se detuvo la construcción de hospitales (la partidocracia se repartió el dinero, como es de conocimiento público), en el año 2019 hubo un despido masivo de más de 3 mil médicos. Y a los que quedaron se les redujo su salario: los internos rotativos de los hospitales públicos pasaron de recibir USD 591 a USD 394. Este es el retorno a la “normalidad” que nos proponen: el retraimiento de la autoridad pública y el imperio salvaje del neoliberalismo más crudo.

En esto resulta evidente que para que el neoliberalismo funcione con “normalidad” necesita hombres y mujeres sumisos. El encierro de la cuarentena, el desempleo y la falta de educación, son circunstancias perfectas para esta condición. También el aislamiento y el silencio, porque el credo neoliberal solo demanda que se cumpla el mandamiento de consumir más y más. Necesita hombres y mujeres que, a pesar de sus cadenas, se sientan libres, no sujetos a ninguna autoridad ni principio; que, sin embargo, estén deseosos de ser conducidos, de hacer lo que se espera de ellos y de encajar en la máquina social sin fricciones. Que puedan ser guiados sin fuerza, sin líderes, arrojados sin propósito hacia adelante, sin detenerse a pensar ni cuestionarse nada a fondo. ¿Cuál es el resultado? Los seres humanos son alienados de sí mismos, de otros seres humanos y de la naturaleza. Aceptan la normalidad como una necesidad fatal, inescapable.

Pero es posible también otra respuesta por parte de los damnificados de la crisis: oponerse a la falsa necesidad que proclaman sus victimarios, convencer(se) de que la historia puede cambiar, que volver a la “normalidad” no es inevitable. Que los seres humanos tenemos la imaginación y las capacidades para inventar y darle forma a nuestro futuro. Reconocer que la historia de la humanidad, vista como un todo, puede entenderse como una serie de victorias conscientes sobre las fuerzas ciegas del determinismo.

Nosotros somos esos rebeldes, los insumisos que se oponen a la falsa necesidad del neoliberalismo: somos los damnificados, somos los indignados y ofendidos por el determinismo neoliberal. Somos quienes creen, contra el dogma oficial, que sí hay alternativas. Somos los que, por experiencia propia, saben que la profundidad y la fuerza del carácter humano se define mejor en sus reservas morales. Porque la dimensión ética de las personas se revela completamente cuando son expoliadas de sus condiciones de vida: cuando nos quitaron nuestros empleos, la educación y la salud, nuestras pensiones y hasta la posibilidad de elegir una alternativa democrática; cuando quisieron quitarnos todo, también nos quitaron el miedo y entonces acudimos a nuestras reservas morales.

Las primeras batallas de esta lucha sucedieron en las manifestaciones de octubre de 2019, reprimidas con violencia desmesurada por parte del Estado: 11 fallecidos, 11.092 detenidos, 1.340 heridos y 12 personas con heridas permanentes (Fuente: Defensoría del Pueblo). Ellos son parte ya de la memoria histórica contra la injusticia en nuestro país: si ahora entramos a la lid electoral es precisamente para honrar y dar continuidad a esta larga e incansable lucha por la vida, la democracia y la justicia. Porque las víctimas del neoliberalismo aún no pesan suficiente en la conciencia endeble de un gobierno corrupto e impotente: al cabo Moreno, en su debilidad, ha cedido a los grupos de presión tradicionales y ha incumplido los compromisos adquiridos con los movimientos sociales. Recordemos también que precisamente Moreno llegó al gobierno en 2016 con un programa de izquierda, que fue traicionando paulatinamente hasta adoptar el programa neoliberal de la derecha, derrotado electoralmente. Por eso ahora, más que nunca, debemos estar conscientes de que los políticos de turno no cumplirán ningún compromiso democrático, ni atenderán de ninguna manera a la voluntad popular, sino somos los propios ciudadanos quienes tomamos las riendas del poder.

De ahí se deriva la necesidad urgente de sumar a la resistencia y las movilizaciones la fuerza electoral. Solo la suma electoral permitirá acceder al Estado para así recuperar la democracia. Por eso saludamos todos los frentes y las iniciativas progresistas, e invitamos a las y los trabajadores y sus organizaciones, a los movimientos y organizaciones comunitarias que han surgido frente a la ausencia del Estado, a los movimientos culturales y de trabajadores precarizados que no se encuentran sindicalizados, y a toda la ciudadanía en general, para construir agenda en defensa de la vida, las justicias y la democracia.

Porque el virus del neoliberalismo solo se curará con la vacuna de la unión por la esperanza. Sufrir nunca es necesario, pero todo sufrimiento tiene una lección: hoy más que nunca reivindicamos la certeza de que lo que mantiene viva la democracia no es el poder, la fortuna o la ambición, sino esta necesidad insaciable de justicia, que no tiene precio porque es real e infinita. Por eso ahora presentamos las siguientes propuestas al Ecuador, ordenadas en ejes programáticos de once justicias, como un aporte para iniciar un diálogo colectivo amplio que nos permita recuperar el futuro y la democracia que anhelamos:

Trabajo

Futuro económico y productivo

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El neoliberalismo ha posicionado en el sentido común de la sociedad que la eficiencia de la economía radica en la competencia. En el caso del mercado de productos, se espera que como resultado de la competencia siempre se reduzcan los precios y se mejore la calidad de los productos. Por otro lado, se supone que esta competencia fomentaría que las empresas constantemente deban mejorar sus capacidades productivas, tanto para aumentar su participación en el mercado como para sobrevivir; caso contrario su posición se vería amenazada por la entrada de nuevos competidores y/o por las otras empresas presentes en la respectiva industria. Por lo tanto, también existiría una conexión entre competencia y progreso tecnológico.

No obstante, la experiencia muestra que a medida que los mercados se concentran entran en funcionamiento otros mecanismos para la determinación de las cuotas industriales y, de hecho, las empresas —en especial las grandes corporaciones— tienden a especializarse en cómo evadir la competencia. Para el efecto, depredan o “compran” a sus potenciales competidores, coluden entre líderes industriales o traducen su poder económico en poder político para incidir sobre el ordenamiento jurídico y las decisiones públicas.

Un ejemplo muy claro de esta situación es la normativa internacional que fomenta la privatización del conocimiento, que se ha convertido en un obstáculo para el florecimiento de más innovación y desarrollo tecnológico, y además promueve la generación y permanencia indefinida de monopolios y oligopolios industriales. Por otro lado, en la era digital, la información producida durante el tiempo de ocio se ha convertido en el “activo” más valioso de las grandes corporaciones, ya que esta les permite no solo conocer las preferencias de los consumidores, sino inclusive moldearlas, lo que en cambio se traduce en precios excesivos y, por tanto, en un aumento de la desigualdad de ingresos.

Finalmente, la concentración industrial también genera distorsiones sobre el mercado de capitales, ya que el acceso al financiamiento comienza cada vez más a ser entregado a aquellos que tienen mayor liquidez, y no necesariamente a los más productivos o innovadores. Se acentúa así aún más la concentración y la desigualdad. Esto sin considerar que los proyectos más innovadores conllevan más riesgo, requieren más inversión y, por ende, tienen mayor dificultad a la hora de acceder al financiamiento.

En consecuencia, la concentración de mercado debilita la entrada de nuevos emprendimientos y fomenta un uso deficiente de los recursos productivos, a la par que pone en una clara condición de desventaja a las pequeñas y medianas empresas. Esta debilitada competencia además obstaculiza la adopción de nuevas tecnologías, ya que es menos importante el mejoramiento productivo para preservar o ampliar la posición en el mercado.

Es esta la tendencia concentradora la que ha impuesto el neoliberalismo en Ecuador. Según la información del Directorio de Empresas, existe una inmensa y desproporcionada concentración de las ventas al interior del sector productivo ecuatoriano. En efecto, en el intervalo 2012-2018, el 10% de empresas más grandes del país (decil 10) acumuló, en promedio, aproximadamente el 84% del total de las ventas. De hecho, para el año 2018, las 20 empresas más grandes del país (las cuales representaron el 0,023% del total de empresas de ese año) acumuló 17,6% del total de las ventas nacionales e internacionales del sector productivo ecuatoriano.

Tales niveles de concentración industrial tienen una repercusión directa sobre el emprendimiento y la creación de empleos, así como sobre la desigualdad de ingresos y el progreso tecnológico. Como referencia, se puede constatar, utilizando la mismo fuente de información, que del total de empresas con actividades productivas del año 2017, únicamente el 5,2% correspondían a empresas nuevas. No obstante, considerando las empresas que salieron del mercado, la creación neta de empresas fue de únicamente del 2,6%. En términos de creación y destrucción de empleo en el sector productivo, los números son menos alentadores. La creación neta de empleo (creación menos destrucción), dentro del universo de empresas con actividades productivas, fue de 1,1% en el mismo año.

También hay que resaltar que, según el último reporte del “Global Entrepreneurship Monitor (2019)”, más del 99% de los emprendedores nacientes deben recurrir a sus ahorros para poder emprender: el 34% acude a sus familias y solo el 10% logra hacerlo con apoyo de políticas públicas de financiamiento a la innovación. Asimismo, el “Global Innovation Index 2019” ubica en el puesto 109 (de 129) al desempeño crediticio para la innovación en el país y por estos motivos el “Doing Business 2020” coloca al Ecuador en el lugar número 129, de un ranking de 190 países, en cuanto a su facilidad para crear nuevos emprendimientos.

En aquella producción de bienes y servicios en donde no se compromete la vida, derechos o necesidades básicas, es necesario para reactivar la economía del país reivindicar la justicia económica con igualdad de oportunidades para que los mercados sean verdaderamente dinámicos y menos explotadores, lo cual requiere el diseño de políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos productivos —incluidos los factores de producción más importantes, como el conocimiento y la tecnología— y restrinja las prácticas de competencia desleal. El fortalecimiento de la competencia fomentará tanto la innovación y el desarrollo tecnológico como la reducción de la desigualdad, para lo cual proponemos:

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Economía

1. Descentralizar la competencia de fomento productivo a nivel de región: Se debe promover que los gobiernos autónomos descentralizados formen una mancomunidad para comenzar a asumir competencias de nivel regional 2. Descentralizar los activos de la UNA a nivel de gobiernos provinciales. Esto requiere establecer primero un modelo de gestión, donde MAGAP haga las veces de supervisor de la actividad de almacenamiento. 3. Crear mancomunidades viales a nivel de regiones (siguiendo la estructura de zonas de planificación), donde MTOP aporte sus vías de la red nacional en dicha zona y cada prefectura las vías de la respectiva red provincial. Cada mancomunidad tendrá un directorio con los prefectos de la respectiva zona de planificación y el coordinador zonal de MTOP. Cada mancomunidad decidirá su modelo de gestión (probablemente habrá mancomunidades que deseen concesionar su red vial, de modo que los peajes de las redes transitadas financien el mantenimiento de vías menos congestionadas). Otras mancomunidades administrarán su red vial mediante gestión directa, etc. 4. Unirse a Ghana y Costa de Marfil para crear https://cnnespanol.cnn.com/video/cacao-chocolate-precios-cartel-opep-ghana-costa-de-marfil-organizacion-francisco-miranda-intv-serbia-dinero/.

Producción

1. Identificar vocaciones productivas de cada zona de planificación para identificar tareas que deban cumplir: prefecturas, universidades de la zona y gremios empresariales locales, a fin de reducir brechas de productividad que Ecuador tiene comparado con otros países de la región en dichos sectores. Se puede usar como modelo los sectores priorizados en el Código de la Producción. 2. Reforma laboral: No es posible realizar una reforma laboral integral mientras no exista diálogo CUATRIPARTITO. Se debe reformar el Código de Trabajo para que en lugar de diálogo tripartito (Estado, empleadores y trabajadores), participen también personas en edad productiva que no tienen trabajo o no tienen trabajo formal (a través de las organizaciones representativas). 3. Mientras se realiza el diálogo cuatripartito para elaborar un nuevo código laboral completo, se debería realizar una reforma puntual que incluya en el actual Código de Trabajo una figura laboral llamada "contrato LOSEP" que tenga las mismas características del contrato de servicios ocasionales previsto en la LOSEP, pero para el sector privado. 4. Incentivar a crear mancomunidades de nivel regional (basado en las zonas de planificación, por ejemplo), en materias: ambiental y turismo. Cada mancomunidad debería asumir la competencia de autoridad administrativa de aplicación (aprobación de licencias y permisos ambientales), porque los gobiernos cantonales y provinciales no son suficientemente institucionalizadas para realizar esta actividad. También debiera cumplir la labor de rectoría en materia de turismo para establecer parámetros que los gobiernos locales deban ejecutar. 5. Descentralizar la operación de INVERSIONES del BIESS a nivel de zonas de planificación. 6. Retomar la herramienta USSD para pagos móviles, pero las cuentas bancarias debieran estar en cada banco local, no en el Banco Central (que es lo que genera recelo).

Contratación: 1) Hay que diferenciar los poderíos económicos de los emprendimientos; una forma eficiente de hacerlo es con los ingresos declarados o patrionio. En este caso para todos los negocios con ingresos menores a USD 100,000.00 al año crear mecanismos de contratación de apoyo al emprendimiento por una duración de cinco años. Mecanismos como:

  • Disminución al 25% de indemnizaciones en casos de cierre de negocio
  • Partición de dos jornadas de cuatro horas al días de 08h00 a 12h00, 16h00 a 20h00 o 18h00 a 22h00
  • Incentivos para contratación juvenil (18 a 23 años) y mayores (50 a 60 años): afiliación IESS por horas, pago de 50% de décimos

Economía Popular y Solidaria (EPS):

  • Reestructura el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IESP) sacándolo del MIES e incorporarlo a la CFN por ejemplo, como un paso previo para el acceso de créditos. En el MIES se lo aborda como una herramienta de apoyo social con más lirismo que técnica y debe ser concebido como un sector productivo que a través de su fortalecimineto técnico y financiero estímule el mejoramiento del sector industrial.

Futuro de los conocimientos y la innovación

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En una sociedad justa se reivindican la libertad de pensamientos y expresión para todos; pero no puede haber libertad de pensamiento si nuestro país no genera conocimientos pertinentes para sus realidades, e innovaciones sociales que disputen el orden neoliberal imperante. Porque el neoliberalismo impone una lógica social monolítica: tanto en las relaciones sociales como en los conocimientos, el dogma del libre mercado niega las alternativas disidentes y con ello rechaza el ejercicio de la reflexión y el pensamiento crítico.

Como consecuencia, en el presente nuestro Ecuador es (sigue siendo) un país primario-productor y terciario-importador: exporta recursos naturales de bajo valor agregado y baja intensidad en conocimiento e importa bienes de tecnología con alto valor agregado y alta intensidad en conocimiento. Y esta realidad se reproduce, a su vez, en el desierto de las ideas: son nulos, prácticamente, los esfuerzos en innovación y las ciencias aplicadas tienen muy poco desarrollo; lo que a la larga se evidencia en la desarticulación entre los sistemas de conocimientos (colegios y universidades, centros de investigación, etc.) y los sistemas productivos.

No obstante, los avances en ciencias y tecnologías introducen rápidos y profundos cambios en el presente, que nos enfrentan con ineludibles interrogantes éticas y políticas. Por eso, el punto de partida para la justicia cognitiva comienza por reconocer la tendencia a la concentración de los beneficios científicos por el afán de lucro, que acarrea una brecha cognitiva con nuevas formas de exclusión, desigualdad, precarización e injusticia.

De la disputa contra esas tendencias se sigue una agenda para la justicia, que debe incluir: reivindicar que la educación superior –en tanto derecho humano y bien público y social– no es una mercancía que pueda ser negociada; que promover y efectuar la inversión en ciencia, tecnología e innovación es un deber primordial del Estado; que es necesario el acceso libre e irrestricto a los conocimientos como bienes públicos y comunes, y por tanto es derecho colectivo de nuestros pueblos y derecho humano fundamental; que debemos cautelar la riqueza de la diversidad cultural del país, reconociendo también la importancia para la sociedad de los saberes ancestrales y tradicionales.

Insistimos: no habrá justicia social sino hay justicia cognitiva. Esto implica reivindicar soberanía y elaborar planes estratégicos, en amplios acuerdos sociales, para imaginar, crear, acceder y aplicar los conocimientos que necesitamos para la vida buena; y en donde se rompa con la jerarquía de un tipo de conocimiento sobre otros, al recuperar la igualdad y equidad epistémicas.

Para hacer realidad este horizonte de justicia cognitiva proponemos retomar las siguientes políticas para construir la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación:


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Educación

1. Crear un banco público educativo, donde el Estado aporte (done) una cifra a depositar en la cuenta bancaria a nombre de cada alumno. Los representantes legales pueden realizar también aportes a esa cuenta bancaria. El propósito es que cada cuenta sea desbloqueada solamente al llegar el alumno a terminar el bachillerato, y siempre a través de un banco realmente existente. Este mecanismo motivará la permanencia del alumnado y creará el hábito del ahorro. En esta cuenta se podría también pagar aportes adicionales a la pensión alimenticia, que el alimentante quiera destinar a ahorros. 2. Cambiar el año lectivo de duración de 9 meses a 6 meses con doble jornada. Así, la infraestructura disponible podrá recibir la mitad del aforo en un semestre y la mitad del aforo en el otro semestre. Un alumno podría elegir entre estudiar seguidos los años cada semestre o estudiar uno y pasar en casa otro semestre. En el caso de que pase en casa un semestre, debería enviársele por correo o mediante la propia institución educativa, un libro para leer o guías para aprender un idioma, un deporte o un oficio, mientras no está en clases. 3. La página web de Red Socio Empleo debe ser cambiada para mostrar también los cursos SECAP que haya seguido cada aspirante, y mostrar en primer lugar en las búsquedas a los aspirantes que tengan cursos de SECAP (u otro operador del sistema de cualificaciones profesionales). 4. El gobierno central debiera entregar los inmuebles de unidades de policía ya vacíos a los gobiernos cantonales, para que éstos creen en cada barrio un equivalente de "casas somos" o "centro de desarrollo comunitario" como existen en Quito. MIES debiera regentar los requisitos de operación de estos centros. El propósito de cada centro será ofrecer actividades de formación o de distracción tanto a adolescentes como a adultos.

Ciencia, tecnología e innovación

1. Asegurar el acceso a internet como derecho.

2. Recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes.

Educación Superior

Fortalecer el proceso de Vinculación con la Sociedad de las Universidades. ¿Cómo?

1) Desarrollar convenios con el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) para que estudiantes universitarios fortalezcan la dinámica de los actores de la EPS, adicional, en caso de presentarse propuestas eficientes producto de la dinámica entre estudiantes universitarios y los actores de EPS se otorguen créditos por parte de la CFN.

2) Estimular la creación a partir de las Universidades, de Observatorios Anticorrupción para el control local de procesos de contratación pública y de el cumplimiento de transparencia de información en los portales web de institucionaes.

Futuro digital creativo

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En una sociedad que aspira a la justicia en un sentido amplio el mundo digital es el nuevo espacio de disputa. El neoliberalismo intenta colonizar el mundo digital combinando prácticas predatorias extractivistas al apropiarse –al igual que en el colonialismo industrial– de vastos “territorios” virtuales. El mundo digital se disputa la misma democracia porque es aquí donde se construyen –y a veces se destruyen– los propios sujetos, con sus comprensiones sobre qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero.

Durante el encierro por la cuarentena las prácticas mediadas digitalmente, como trabajar desde el hogar, aprender a distancia, así como actividades recreativas emergentes —como las reuniones entre amigos en videoconferencias—, nos incitan a revisar y repensar las prácticas sociales con las que alguna vez estábamos familiarizados. ¿Qué ganamos y qué perdemos con los cambios? ¿Cuáles de estas prácticas perdurarán después de la pandemia? ¿Quién se beneficiará y quién no? ¿Quién se apropia de nuestros datos?

En medio del caos provocado por la mala gestión gubernamental, el primer resultado de la pandemia es un agravamiento de los efectos de injusticia social y exclusión por las brechas digitales en nuestra sociedad. La concentración de la riqueza en pocas manos y el aumento de la pobreza y la precariedad implican una distancia injusta entre quienes cuentan con tecnologías y conectividad, así como las habilidades y materiales necesarios para utilizarlas con éxito, y quienes no poseen o no pueden acceder a estos.

Es necesario cerrar esta brecha apelando a la justicia digital mediante una alianza entre los actores económicos para realizar una gran transición hacia una nueva economía digital, que nos permita recuperar el dato y la información como un bien público y común, democracia y sostenibilidad ambiental, que respete el derecho a la privacidad de la personas. Debemos considerar a las plataformas virtuales son monopolios naturales, y por eso han de ser consideradas bienes de utilidad pública. Además, los servicios de internet son necesarios e imprescindibles, por lo que su acceso y provisión deben convertirse en servicios públicos. Solo así se edifica y sustenta una ciudadanía digital, con justicia digital y una nueva economía, para lo cual proponemos:

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Futuro

Futuro por la vida y la salud

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El gobierno de Moreno, no obstante ser elegido con un programa de izquierda para dar continuidad a la Revolución Ciudadana, impuso un programa económico de corte neoliberal. La historia del Ecuador, y también la historia del mundo, demuestran el fracaso de estos programas. El morenismo no es la excepción: la economía, en crecimiento durante una década, cayó en recesión y con la desinversión estatal comenzó una acelerada fase de desindustrialización, aparejada con el desempleo y la precarización laboral (con mayor énfasis en las zonas rurales y campesinas).

Las condiciones de vida se deterioran rápidamente, a la par que avanza la exclusión social. La desigualdad de ingresos medida por el Gini aumentó 1,4 puntos y la pobreza 4 puntos porcentuales entre 2017-2019, lo que representa que más de 700.000 ecuatorianas y ecuatorianos pasaron a la pobreza; seguramente luego de la pandemia serán muchos más.1

El PIB real por habitante muestra una caída de más de 2%, pasando de 5,205 USD en 2017 a 5,097 USD en 2019.2

Estos resultados demuestran que el modelo económico neoliberal no crea riqueza, crea pobreza. Tal como se muestra en la tabla a continuación, la información del empleo por sector evidencia una profundización en la especialización primaria de la economía, expresada, por ejemplo, en la concentración del empleo en el sector agrícola en detrimento del sector manufacturero.

Tabla — Distribución del empleo por actividad económica (% sobre el total)

Rama de actividad

Dic 2007

Dic 2012

Dic 2016

Dic 2018

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

28,49

27,40

25,60

28,30

Petróleo y minas

0,56

0,50

0,60

0,60

Manufactura (incluida refinación de petróleo)

10,87

10,6

11,20

10,7

Suministro de electricidad y agua

0,57

0,50

0,60

0,60

Construcción

6,65

6,30

7,10

6,80

Comercio, restaurantes y hoteles

24,63

25,00

25,5

24,1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6,19

6,80

6,70

6,00

Actividades de servicios financieros

0,89

0,90

0,60

0,80

Actividades profesionales, técnicas y administrativas

3,39

4,40

4,20

4,80

Administración pública, defensa y planes de seguridad social obligatoria

3,22

3,70

4,20

3,40

Enseñanza y servicios sociales y de salud

7,33

8,00

6,90

6,70

Servicio doméstico

3,33

2,50

2,80

2,90

Otros servicios

3,89

3,50

3,90

3,70

Población con empleo (número de personas)

6,019,332

6,424,840

7,463,579

7,731,032

Fuente: INEC (s/f). Elaboración: propia (2019).

Estas tendencias perjudiciales se acentuaron durante la actual crisis: cuando en todo el mundo se opta por un rol más activo del Estado para brindar protección social en el sentido más amplio, y cuando inclusive buena parte de los sectores más conservadores del mundo reconocen la necesidad de una mayor intervención estatal, Moreno en cambio apuesta por la viejas y conocidas recetas neoliberales, dictadas por la agenda del FMI: austeridad fiscal, flexibilización laboral y privatización de lo público. De hecho, durante la pandemia se aprobaron dos leyes que son totalmente nocivas para los intereses de las grandes mayorías, como lo son la “Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas” y la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario”. Irónicamente, a pesar del nombre de este último cuerpo normativo, su objetivo fundamental fue aprobar la flexibilización laboral que ya había sido rechazada por el pueblo ecuatoriano en octubre de 2019, precarizándose de este modo aún más el empleo.

En función de lo mencionado, no es fortuito que, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la CEPAL, Ecuador es uno de los países de la región en los que se proyectan las mayores caídas en el PIB y los más altos incrementos en desigualdad y pobreza. En específico, se predice que el PIB sufrirá este año una caída de 9%, mientras que la pobreza aumentaría 7%. Asimismo, el Gini aumentaría 6 puntos, es decir, casi la totalidad de lo que disminuyó durante la Revolución Ciudadana.8

No obstante aquello, se empeñan en un nuevo acuerdo con el FMI para seguir imponiendo las medidas de austeridad, proclamando el ajuste estructural y la destrucción del Estado. Con la progresiva erosión del sector público en la economía se implantó, como es recurrente en la receta fondomonetarista, el sostenimiento de la liquidez interna (en especial del sector fiscal) vía endeudamiento externo agresivo. Así que s el último informe del Ministerio de Finanzas, la deuda externa asciende a los USD 41.564 millones, lo cual implica que en tres años aumentó en una cantidad similar a la de los 10 años de Revolución Ciudadana, con el agravante de que los compromisos financieros del morenismo no fueron destinados para el desarrollo.9 De hecho Moreno no ha inaugurado una sola obra pública de relevancia (en comparación, durante la década ganada, solo considerando el sector salud, se construyeron 13 hospitales y 61 centros de salud; mientras que hoy el presupuesto para infraestructura de salud va directamente al bolsillo de los morenistas).

Los efectos del programa neoliberal del morenismo se traducen en un cuadro económico desolador: 1,8 millones de ecuatorianos perdieron su empleo en el último año (INEC), provocando la consiguiente contracción en el consumo y su traducción en el estancamiento de la industria, el comercio y los pequeños productores rurales. El 15% de los ecuatoriano están en el desempleo, y el 30% son pobres. Y los efectos en las nuevas generaciones son más desoladores aún: en 2018, 27,2% de los niños y niñas sufrían de desnutrición crónica (talla baja); en la actualidad, tristemente, deben ser muchos más.

La Constitución de 2008 introdujo una noción de salud que resulta revolucionaria, por lo integral e idealista, al tiempo que necesaria, del tamaño del país de nuestros sueños: La salud es un derecho que debe garantizar el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Con ese ideal en mente, se llevó a cabo la transformación social más importante del Ecuador en décadas, que solo será superada por la segunda revolución que se avecina.

Mientras el más débil entre nosotros no tenga cobertura de salud, nuestras vidas todas, el bienestar de la sociedad entera, estarán en riesgo. La pandemia mundial del COVID-19 evidenció de forma desgarradora la importancia fundamental de lograr el acceso universal a la salud, para todas y todos, sin diferenciar nivel de ingresos, la situación laboral, o cualquier otra condición. Bien dijimos siempre y repetimos ahora: la salud es un derecho fundamental, acaso el más fundamental de los derechos, porque sin salud no hay vida, y sin vida, ¿de qué derechos se puede gozar?

La Revolución Ciudadana siempre priorizó el derecho a la salud, reconociendo que aún quedaba mucho por hacer... ahora desafortunadamente mucho por recuperar. Cuánto esfuerzo tomó lograr avances históricos en salud, valorados en el mundo entero, y cuánta indolencia gubernamental permitió los retrocesos de estos últimos años, tanta para volvernos a convertir en ejemplo de lo malo. Pero a toda noche le llega su amanecer, y volveremos a recuperar la Patria y la salud para el pueblo.

Para lograr esta anhelada justicia económica y social para el mutuo reconocimiento y la reciprocidad, proponemos:

El derecho a la salud está vinculado al ejercicio pleno de otros derechos

El derecho a la salud está vinculado al ejercicio pleno de otros derechos como la educación, la vivienda digna, el acceso al trabajo, el acceso a alimentos sanos, entre otros.

Acceso Universal a la Salud

El acceso universal a la salud requiere trabajar para consolidar el sistema de salud, tener un modelo de atención centrado en las personas, las familias y las comunidades, con enfoque intercultural e intergeneracional. Algunos elementos que deben considerarse incluyen:

- Fortalecer los servicios públicos de salud, mejorando su calidad y asegurando la gratuidad para las y los usuarios del seistema.

- Atención prehospitalaria de calidad con capacidad de respuesta a las necesidades de emergencia que puedan ocurrir en el territorio nacional. Este servicio debe valorar los aportes de los y las profesionales y trabajadores de la salud como médicos y paramédicos, así como personas voluntarias. El país debe contar con equipamientos, como ambulancias, dotadas de todos los insumos que requieren, localizadas estratégicamente, con capacidad de respuesta 24/7 y articuladas al sistema ECU911.

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Futuro democrático

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La senda hacia la justicia comienza por el poder popular: un pueblo con conciencia histórica, organizado y permamentenete movilizado. Un pueblo como sujeto histórico.

El camino hacia un país más justo sigue por recuperar la confianza y el liderazgo con instituciones políticas a la altura de la ciudadanía, donde prime la participación y la deliberación de los mejores argumentos para el bien común. Para eso es necesaria una limpieza profunda del Estado, sanear las prácticas políticas y extirpar a los pactos oligárquicos y su control de la esfera pública. En la actualidad la corrupción del gobierno se ha convertido en una práctica generalizada, tan recurrente que ya no es ni sancionada y se lleva una importante cantidad del presupuesto del Estado, que se podría invertir en planes sociales; y además captura las instituciones públicas para decidir en contra de las mayorías y beneficiar a unos pocos privilegiados.

Contra este peligro el Estado debe ser instrumento ciudadano para garantizar la democracia: mediante el control constitucional y la implementación efectiva de los derechos de la ciudadanía. En esta orientación la justicia y la transparencia son bienes públicos prioritarios, porque resultan condiciones para la provisión adecuada y con calidad de otros bienes públicos como la educación, la salud y seguridad social. Esto se vuelve aún más necesario en un contexto de crisis por los impactos de la pandemia que convergen con la inestabilidad económica, el deterioro social y la fragilidad institucional. Por eso las políticas públicas para resolver estos problemas tienen como fundamento una justicia apuntalada en el fortalecimiento de las capacidades estatales.

Desde una perspectiva abarcadora, y tal como refleja la experiencia internacional, avanzar en la justicia democrática, participativa y deliberativa, implica:

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Futuro generacional

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En una sociedad intergeneracionalmente justa, las acciones y planes del presente tienen que tomar en cuenta las (in)justicias del pasado y el futuro; es decir la manera en que la sociedad valora a los adultos mayores, a los ancestros y las generaciones futuras. La cuestión fundamental consiste en si las generaciones presentes reconocen el buen vivir de las generaciones futuras y las del pasado, y en este sentido asumen una obligación en virtud de la justicia, para tomar decisiones o emprender acciones que pueden menoscabar o vulnerar derechos potenciales, incluyendo cuestiones económicas y ecológicas que atañen a dimensiones temporales más allá de la actualidad.

Se trata de cuestiones éticas que, precisamente, el morenismo transgrede directamente al impulsar la depredación del ambiente con la minería intensificada, o al comprometer al país en acuerdos a largo plazo con el FMI, que vulneran explícitamente los derechos de las poblaciones ancestrales y maniatan el futuro de los ecuatorianos por-venir. En el fondo el paradigma neoliberal de crecimiento infinito no considera los límites de la naturaleza ni las necesidades más profundas de los seres humanos, y por eso resulta incapaz de abordar este reto de manera consecuente.

Por el contrario, la vida buena entre generaciones requiere que los jóvenes, los adultos mayores, los ancestros y las futuras generaciones tengan derechos que garanticen un acceso igualitario, o incluso mejor, a recursos y oportunidades que incluyen el respeto a la memoria histórica, los bienes sociales y ambientales para sus necesidades.

Tal situación implica un contrato (re)distributivo que considere el devenir del tiempo y el impacto ambiental y social que tienen las acciones y decisiones del día hoy. Esto requiere una transformación profunda de las prácticas y actitudes actuales, que relegan el futuro y olvidan la historia absobidas por el presentismo, evitando o acentuando la desigualdad como legado y sentencia fatal para las otras generaciones. Para comenzar a efectuar este cambio de larga duración, consideramos que es preciso reivindicar la justicia intergeneracional con acciones como:


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Futuro ecológico

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En una sociedad ambientalmente justa se debe recuperar el equilibrio de las vidas; es decir, la armonía entre los seres humanos, no humanos y la naturaleza. No habrá justicia ambiental sino se pone en el centro del debate la necesidad de garantizar los derechos de la Pacha Mama. Así mismo el derecho al acceso a la tierra y los recursos hídricos, y la protección de los productores agrícolas que dan el sustento de soberanía alimentaria que es imprescindible para el país. De esta forma, y en el marco de la justicia transnacional e intergeneracional, la justicia ambiental defiende al medio ambiente en tanto bien común de toda la humanidad.

Por el contrario, en el centro de la visión neoliberal está la noción de desarrollo como crecimiento económico infinito, que desconoce los límites del sistema natural y conlleva alteraciones, en muchos casos irreversibles, en los ciclos fundamentales que sostienen la vida en el planeta.

De ahí se derivan los grandes problemas ambientales globales que han dado lugar a una crisis de civilización: calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, degradación de los ciclos del agua, alteración de la vida marina, y un conjunto de otros problemas asociados, como es el caso de las enfermedades virales que afectan gravemente la salud humana (por ejemplo la pandemia de coronavirus).

El modelo neoliberal, además de sus limitaciones éticas y políticas, tiene limitaciones ecológicas: es insostenible, irracional y autodestructivo. Contrarrestar esta tendencia implica una política responsable que adopte como premisa la justicia ecológica con un paradigma alternativo, como el que se planteó el pueblo ecuatoriano con la recuperación de la visión de los pueblos originarios que se resume en el Buen Vivir o Sumak Kawsay, que abre el cauce de las transformaciones profundas que requieren nuestro país y nuestro planeta si queremos sobrevivir.

El sueño de cambiar el cauce autodestructivo que impone el modelo neoliberal implica un cambio en las relaciones de poder y la posibilidad política de sostener un proceso de modificación sustantiva de la matriz energética vigente, que es predatoria de los recursos naturales y devasta el medio ambiente. Es una predicción científica confirmada: o reducimos drásticamente, y pronto, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, o los efectos del cambio climático serán irreversibles.

La incorporación de los derechos de la naturaleza a la par de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos o sino derechos humanos individuales y colectivos; el carácter plurinacional e intercultural del Estado; el reconocimiento de nuevas formas de economía que incluye la economía popular y solidaria, la recuperación de la planificación como instrumento de gobierno y del rol regulador del Estado, son los elementos claves de esta trasformación histórica.

Nuestro país tiene condiciones únicas por su biodiversidad y esto abre una posibilidad para convertir al país en una potencia científica para ser vanguardia en la lucha mundial contra el cambio climático y la producción de energías renovables y tecnologías verdes. Ecuador puede y necesita hacerlo. Pues no se trata solo de rescatar el planeta, sino también de crear cientos de miles de empleos de calidad mediante la transformación de la matriz energética del país. Como parte de esta gran transformación para la justicia ecológica y la transición energética proponemos:

[ESCRIBE AQUÍ TUS PROPUESTAS] 1. Crear empresas mixtas para llevar electrificación rural a camaroneras o para realizar las reformas que permitan inversión mixta. Proximamente EE.UU. https://www.expreso.ec/actualidad/mundo/joe-biden-latinoamerica-estados-unidos-cambia-escenario-ambiental-presidente-93791.html a países que no cumplan sus cuotas de reducción de emisiones.

Dignidad

2. Retomar y corregir el proyecto de cocinas de inducción. Por ejemplo, no hay servicio post venta en las cocinas chinas vendidas por EEQ. 3. Otorgar financiamiento a quien invierta en mejoras en su vivienda o industria para instalar paneles solares, sea para energía o para calentar agua. 4. Reformar la Ley de Inquilinato para facilitar que los inquilinos inviertan en cocina de inducción o panel solar, con cargo al propietario (o diferido o co-pago).

Futuro soberano

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La mala gestión económica del gobierno morenista ha conducido a un matrimonio forzoso con el FMI como fuente principal de financiamiento, lo que conlleva la debacle del proyecto de integración regional, la apertura comercial indiscriminada y el acelerado ciclo de endeudamiento externo aparejado a la austeridad en favor de los intereses del capital financiero internacional. Se trata de una tendencia que se replica a nivel regional por la falta de visión social de los gobiernos neoliberales, que han impuesto un proceso de “desintegración regional” para favorecer a grandes oligopolios económicos y debilitar la democracia y el Estado de derecho. Los intentos de destruir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el inmovilismo inducido en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) contribuyen a la creciente irrelevancia de la región a nivel internacional, agudizando la dependencia y la pérdida de autonomía.

Estas circunstancias colocan la política exterior del Ecuador en una situación comprometida, que es necesario superar para que el país recupere una posición relevante en el ámbito internacional, en el marco de transiciones mundiales que demandan nuevas concepciones de justicia global. Por eso nuestro gobierno retomará el diálogo y las alianzas regionales e internacionales, y recuperará el rol del país como miembro activo en los foros multilaterales en busca de soluciones sobre asuntos de justicia global como el calentamiento global, el sistema financiero internacional, los bienes comunes globales, la migración, la trata de personas, la igualdad de género; y la defensa de la paz, la democracia y la autodeterminación de los pueblos.

Se retomará la política activa de respeto del derecho internacional, con acciones para democratizar el sistema de Naciones Unidas e impulsar agendas para el buen vivir de los pueblos, en las que la democracia en todas sus dimensiones (política, económica, social, cultural y ecológica) y derechos humanos son términos inseparables. En esta dirección la integración regional y la relación estratégica con nuestros vecinos es clave para ganar peso en la defensa de intereses del país como la libre movilidad, la inserción de la producción ecuatoriana en otros mercados, las economías regionales, la promoción de las exportaciones y el incremento de su valor agregado.

Una especial consideración para la agenda de justicia global merece la condición del Ecuador en el tema de movilidad humana: pasamos de ser un país principalmente de alta emigración hasta inicios del nuevo siglo a uno de inmigración y tránsito. Por una parte, en la década más reciente el saldo migratorio es de 748.336 ecuatorianos (el 4,3% de la población); y, a la par, se incrementaron los flujos inmigratorios intrarregionales (sobre todo de Venezuela, Colombia y Perú). Para ambos grupos, las principales necesidades son el acceso a derechos como salud, educación y vivienda, contar con un estatus migratorio regularizado, empleo digno y una convivencia sin discriminación. Además hay que considerar que como efecto de la pandemia, las poblaciones (in)migrantes son aún más vulnerables. Sin poder retornar a su país, un gran porcentaje se quedó sin trabajo, y experimentan problemas para acceder a alimentos suficientes.

Para atender estos temas urgentes en materia de justicia global, proponemos:

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Futuro cultural plurinacional

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Una sociedad justa se opone y contrarresta la construcción del Estado regida por una visión colonial del poder, en que se asume una visión homogénea de la cultura y la identidad nacional que tiene en el centro del orden social, étnico y simbólico al universo blanco-mestizo-patriarcal. Es preciso cuestionar que el contenido y la forma de las naciones en América Latina han estado así estrechamente ligados a los intereses e imaginarios de las élites económicas y políticas, predominantemente blancas, burguesas, masculinas, educadas y urbanas.

Este proyecto nacional, monolítico y excluyente, se ha recreado desde una matriz cultural demarcatoria y jerárquica tanto en el nivel de la gestión pública y la representación política como en aquel que alude a todos los espacios de sociabilidad de los individuos. Las identidades nacionales se han establecido, entonces, como referentes universales en los que las diferencias y particularidades socioculturales debían subsumirse o asimilarse. Se ha generado, así, una configuración simbólico-cultural fundada en sólidos sistemas de dominación y discriminación, con efectos directos sobre los problemas de desigualdad y exclusión —en casi todos los países de la región los mapas de la marginalidad y la pobreza se traslapan con el mapa étnico—, que impiden la emergencia de esferas culturales plurales, abiertas, flexibles y diversas.

En este sentido es imprescindible considerar también que la concentración monopólica de los medios de comunicación puede quebrantar la diversidad de opiniones e inducir estereotipos culturales o limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso se vuelve necesario promover una serie de políticas que incentiven la diversidad y pluralidad del intercambio cultural y el fomento de la libertad de expresión y del acceso a la información como condición para profundizar los procesos democráticos.

Estas acciones son parte de la visión de una justicia decolonial que, en el marco de un Estado plurinacional e intercultural, apunta al reconocimiento político de la diversidad étnica, regional, de género y generación, de filiación política o religiosa, etc., y al respeto y dignificación de una sociedad con múltiples trayectorias de lealtad y pertenencia a la comunidad política. El Estado plurinacional e intercultural asume la idea de una multiplicidad de identidades que, en continua interacción, reproducen una serie de relaciones complejas con la nación. Para hacer realidad esta visión pluralista y reivindicadora, que es el meollo de la justicia decolonial, plurinacional e intercultural, proponemos:

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Reconocer y respetar los derechos de los pueblos diversos y las nacionalidades, indígenas para avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional, intercultural, inclusivo y libre de racismo.

El artículo 1 de la Constitución de 2008 establece define a nuestro país como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” Por primera vez, se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los pueblos afrodescendientes y montubios como sujetos políticos con soberanía propia. Ello ocurre en concierto con sendos instrumentos internacionales que protegen y garantizan los derechos de los pueblos y nacionalidades. Igualmente, no obstante, el Ecuador enfrenta el desafío pendiente de construcción, de un Estado que se libere de su matriz etnocéntrica y monocultural. Para ello, deberemos:

1. Promover la interculturalidad como expresión de reconocimiento de la diversidad en condiciones de igualdad, en tanto requisito para efectivizar el Estado plurinacional, su configuración multiétnica, pluricultural, y una democracia verdaderamente inclusiva y duradera.

2. Combatir el racismo estructural, abierto o implícito en tanto forma de dominación al servicio del poder social, económico y político dominante, con su correlato de discriminación generalizada y de menosprecio hacia las personas diversas.

3. Garantizar los derechos y el acceso equitativo a oportunidades económicas y laborales, educativas, de salud y políticas que incluyan, pero no se limiten, a acciones afirmativas encaminadas a la reducción o eliminación de prácticas discriminatorias por pertenencia étnica.

4. Incorporar los saberes acumulados por todos los pueblos diversos del Ecuador en las prácticas de salud, educativas, culturales, de producción y de cuidado de las personas y la naturaleza.

5. Proteger las lenguas originarias como condición esencial para la preservación de la identidad cultural, el respeto propio y el conocimiento tradicional de los pueblos y nacionalidades.

6. Desarrollar medidas que contrarresten la actual prevalencia de la lengua dominante en el mercado laboral, el mundo comercial, los medios de comunicación y los procesos educativos, asumiendo un enfoque aditivo antes que sustractivo con respecto a las lenguas. Concomitantemente, apoyar toda iniciativa tendiente a frenar la desintegración de las comunidades lingüísticas provocada por la fuerte migración urbana.

7. Promover el reconocimiento y fortalecimiento de las culturas e identidades diversas del país, tradicionalmente desvalorizadas y relegadas por el conjunto social, como parte de todo proceso educativo:

a) Construcción del paradigma educativo intercultural y universal para todas y todos.

b) Fortalecimiento del subsistema de EIB mediante la formación de calidad y con pertinencia lingüística y sociocultural de la docencia especializada, el desarrollo de currículos y preparación de recursos didácticos en las respectivas en lenguas maternas.

c) Fortalecimiento de la Etnoeducación propuesta por los pueblos Afrodescendientes como reconocimiento de la realidad pluriétnica e intercultural del Ecuador.

d) Inclusión de conocimientos, formas de aprendizaje, lenguas, historias y visiones de mundo de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios en los planes de estudio.

e) Desarrollo intencional de agendas de investigación sobre las culturas, lenguas, saberes y tecnologías de los pueblos diversos del país, que puedan ser ‘traducidas’ a la programación académica, al currículum, al diseño de materiales educativos y a los procesos educativo-pedagógicos.

8. Valorar el multilingüismo como riqueza cultural y como mecanismo de comunicación importante en los planos nacional e internacional:

a) Desarrollo de programas e iniciativas que promuevan el aprendizaje vivencial y contextualizado de las lenguas que coexisten en el Ecuador.

b) Impulso al aprendizaje de al menos una lengua extranjera como herramienta facilitadora de acceso a la información e intercambios científico, tecnológico, educativo y cultural.

c) Desarrollo de programas pedagógicos y formación docente específica para la enseñanza del español como segunda (o nueva) lengua.

d) Reconocimiento cabal del lenguaje de señas y de la escritura táctil Braille como derecho y como apoyo necesario para las personas en condición de discapacidad auditiva y visual, respectivamente.


Cultura, arte y patrimonio

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Futuro de las mujeres

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Si bien la violencia es un fenómeno multi-causal, una de sus raíces se hunde justamente en los desequilibrios históricos y estructurales: entre mujeres y hombres; identidades sexo-genéricas y la población LGBTI; entre mestizos e indígenas, negros, montubios y otros grupos excluidos; entre generaciones jóvenes y generaciones mayores, etc. Estos desequilibrios se originan con frecuencia en los estereotipos, así como en la inequidad y discriminación que traen consigo.

Estas inequidades aumentan los riesgos de que mujeres y otros grupos excluidos sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia económica, la diferencia de oportunidades, la brecha salarial, y las dinámicas de poder y subordinación que aún imperan en muchas relaciones sociales (de pareja, familiares, laborales, políticas, mediáticas, etc.).

El menoscabo general, además, se hace evidente en el abandono de la agenda neoliberal de la cuestión social, que se ha traducido en falta de políticas de prevención integral de las violencias, en el relegamiento de programas significativos especialmente en las áreas de salud y educación, en la ausencia de financiamiento de actividades estratégicas para asegurar el goce pleno de los derechos de ciudadanía a la población femenina (o feminizada) y a otros grupos excluidos.

En el período neoliberal la justicia igualitaria ha menguado también por un conjunto de razones entre las que sobresale el terrible deterioro económico, que afecta a los hogares, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado laboral y los procedimientos institucionales violentos. Esto ha aumentado las asimetrías producidas por el sistema patriarcal y colonial, que impone el machismo y los imaginarios de la blanquitud como aspiraciones normativas de una sociedad alienada de su propia realidad.

En el fondo, el rechazo institucionalizado de la diferencia es una condición necesaria para el régimen neoliberal: cuando lo único que importa es la ganancia los diferentes son solo vistos como el ejército de explotación de reserva. Como miembros de este sistema, todos hemos sido condicionados para responder con temor y rechazo a las diferencias: o bien se trata de ignorarlas, o se pretende asimilarlas suprimiendo su diferencia, o simplemente se destruyen.

Para contrarrestar esta tendencia en el régimen autoritario neoliberal, proponemos implantar la justicia igualitaria para las mujeres y los grupos excluidos desarrollando políticas públicas mediante acciones como:


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Futuro de equidad e igualdad

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Una sociedad justa es aquella que otorga el mismo trato a todas y todos los ciudadanos frente a la norma jurídica y las instituciones que la rigen, a la vez una que es sensible a las desigualdades y diferencias, adoptando medidas orientadas a equilibrar situaciones de desventaja o discriminación preexistentes. Esto implica tanto la eliminación de los privilegios de los poderosos como la inclusión social y la eliminación de la discriminación de los históricamente excluidos. El Derecho y la Administración de Justicia pueden ser una vía de transformación y profundización de la democracia, cuando tienen estos objetivos en su mira.

Una democracia sin justicia independiente de los intereses corporativos, partidistas o delincuenciales, que no consolide sus instituciones de garantía de los derechos humanos y del orden constitucional, no es democracia. Una democracia cuyo orden constitucional se ve interrumpido por regímenes de facto, aun si estos se presentan como gobiernos formalmente democráticos, no es democracia. Una democracia cuyas normas jurídicas son manipuladas por actores políticos, económicos o sociales, a conveniencia de intereses particulares o corporativos, no es democracia. Una democracia en donde los procesos judiciales, en lugar de proteger el derecho de los más débiles, se convierten en instrumentos de persecución y proscripción política de adversarios, no es democracia. Una democracia en donde los jueces toman decisiones por presiones externas y extrañas a los méritos del proceso, no es democracia.

En estos últimos tres años de morenismo, los ecuatorianos hemos visto con asombro e indignación que se ha instalado una dictadura judicial que ha actuado atendiendo a las presiones de agentes internos y externos, y ha convertido los procesos judiciales en herramientas de persecución política, linchamiento de imagen y anulación de adversarios. Hemos sido testigos de cómo las unidades judiciales, administrativas, auxiliares y autónomas han participado en confabulaciones con actores económicos, políticos, mediáticos y servicios de inteligencia de carácter nacional o extranjero, vaciando y desfigurando por completo el sentido de la acción judicial y frustrando la justicia. Por ello, la recuperación de la justicia implica desterrar todo tipo de práctica en donde se judicialice la política y se politice la justicia. En una democracia real todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra raza, género o generación, filiación ideológica, política o religiosa.

Miles de ecuatorianos hemos sido víctimas de una justicia selectiva que ha actuado al margen del principio del debido proceso, con retardo y trabas en unos casos y celeridad procesal en otros, en negligencia, denegando la justicia, abusando del derecho, quebrantando la ley, con mala fe procesal, litigio malicioso y temerario, afectando la dignidad de las personas, la naturaleza del proceso judicial y alterando la convivencia social pacífica.

Hemos visto con estupor cómo el sistema de justicia ha sido tolerante frente a las prácticas corruptas que de manera recurrente han denunciado ciudadanos y ciudadanas por diversos medios, protegiendo a los corruptos y corruptores, que así han tomado ventaja para transgredir las leyes y apropiarse de ingentes recursos públicos.

Urge recuperar la capacidad de la Constitución para limitar el poder y someter sus actuaciones al marco de los derechos, las normas y las relaciones democráticas. Apremia fortalecer las instituciones de justicia y avanzar en el cambio de la cultura jurídica, para que los procesos judiciales sean el medio para la protección del más débil y dejen de ser la puerta giratoria para negociar los principios y valores democráticos, la dignidad de las personas y el destino del Ecuador. Es primordial que recuperar la carrera judicial mediante procesos transparentes de oposición y mérito, impugnación y escrutinio público; que se sometan a estrictos procesos de formación y actualización permanente para superar los atavismos doctrinarios, las decisiones judiciales negociadas, la corrupción sistémica y la ideología del juez, asegurando que se tomen decisiones basadas en principios, normas y reglas, y no en presiones extrañas al mérito de los procesos. Para lograr esta justicia imparcial e independiente proponemos:

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Mejorar la Selección de Personal en el sector pública como parte de una estrategía de lucha contra la corrupcción.

1) Mayor Rígidez Técnica en la Aprobación Descripción de Puestos. Ej En el SRI se permite profesionales de Ingeniería en Sistemas que para optar al puesto de Director Nacional de Talento Humano. Definir claramente mediante clasificación UNESCO los perfiles con los puestos que requiere el sector publica, con mayor enfásis a puestos genéricos (administrativos) y alguna salvedad para puestos técnicos.

2) Realizar una sola evaluación técnica (hay que mejorar la eficiencia en relación a la metodología actual) a los aspirantes y que la puntuación obtenida sirva para aplicar a futuras vacantes que se aperturan.

3)La calificación de méritos se realice de manera anónica (utilizando plataformas informáticas) y disminuir la puntuación a la fase de entrevistas. Se debe seleccionar a los mejores ecuatorianos para el sector público.

Referencias

  1. Fuente: INEC, ENEMDU.
  2. Valores constantes a precios del 2010.
  3. Fuente: Banco Central del Ecuador.
  4. Fuente: Base de datos del Banco Mundial.
  5. Fuente: Banco Central del Ecuador.
  6. Fuente: Base de datos del Banco Mundial.
  7. Ibidem.
  8. Fuente: CEPAL (julio de 2020), Informe Especial No. 5 COVID-19.
  9. Valor previo a la renegociación de la deuda

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