Futuro de equidad e igualdad

De WikiPlan
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Una sociedad justa es aquella que otorga el mismo trato a todas y todos los ciudadanos frente a la norma jurídica y las instituciones que la rigen, a la vez una que es sensible a las desigualdades y diferencias, adoptando medidas orientadas a equilibrar situaciones de desventaja o discriminación preexistentes. Esto implica tanto la eliminación de los privilegios de los poderosos como la inclusión social y la eliminación de la discriminación de los históricamente excluidos. El Derecho y la Administración de Justicia pueden ser una vía de transformación y profundización de la democracia, cuando tienen estos objetivos en su mira.

Una democracia sin justicia independiente de los intereses corporativos, partidistas o delincuenciales, que no consolide sus instituciones de garantía de los derechos humanos y del orden constitucional, no es democracia. Una democracia cuyo orden constitucional se ve interrumpido por regímenes de facto, aun si estos se presentan como gobiernos formalmente democráticos, no es democracia. Una democracia cuyas normas jurídicas son manipuladas por actores políticos, económicos o sociales, a conveniencia de intereses particulares o corporativos, no es democracia. Una democracia en donde los procesos judiciales, en lugar de proteger el derecho de los más débiles, se convierten en instrumentos de persecución y proscripción política de adversarios, no es democracia. Una democracia en donde los jueces toman decisiones por presiones externas y extrañas a los méritos del proceso, no es democracia.

En estos últimos tres años de morenismo, los ecuatorianos hemos visto con asombro e indignación que se ha instalado una dictadura judicial que ha actuado atendiendo a las presiones de agentes internos y externos, y ha convertido los procesos judiciales en herramientas de persecución política, linchamiento de imagen y anulación de adversarios. Hemos sido testigos de cómo las unidades judiciales, administrativas, auxiliares y autónomas han participado en confabulaciones con actores económicos, políticos, mediáticos y servicios de inteligencia de carácter nacional o extranjero, vaciando y desfigurando por completo el sentido de la acción judicial y frustrando la justicia. Por ello, la recuperación de la justicia implica desterrar todo tipo de práctica en donde se judicialice la política y se politice la justicia. En una democracia real todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra raza, género o generación, filiación ideológica, política o religiosa.

Miles de ecuatorianos hemos sido víctimas de una justicia selectiva que ha actuado al margen del principio del debido proceso, con retardo y trabas en unos casos y celeridad procesal en otros, en negligencia, denegando la justicia, abusando del derecho, quebrantando la ley, con mala fe procesal, litigio malicioso y temerario, afectando la dignidad de las personas, la naturaleza del proceso judicial y alterando la convivencia social pacífica.

Hemos visto con estupor cómo el sistema de justicia ha sido tolerante frente a las prácticas corruptas que de manera recurrente han denunciado ciudadanos y ciudadanas por diversos medios, protegiendo a los corruptos y corruptores, que así han tomado ventaja para transgredir las leyes y apropiarse de ingentes recursos públicos.

Urge recuperar la capacidad de la Constitución para limitar el poder y someter sus actuaciones al marco de los derechos, las normas y las relaciones democráticas. Apremia fortalecer las instituciones de justicia y avanzar en el cambio de la cultura jurídica, para que los procesos judiciales sean el medio para la protección del más débil y dejen de ser la puerta giratoria para negociar los principios y valores democráticos, la dignidad de las personas y el destino del Ecuador. Es primordial que recuperar la carrera judicial mediante procesos transparentes de oposición y mérito, impugnación y escrutinio público; que se sometan a estrictos procesos de formación y actualización permanente para superar los atavismos doctrinarios, las decisiones judiciales negociadas, la corrupción sistémica y la ideología del juez, asegurando que se tomen decisiones basadas en principios, normas y reglas, y no en presiones extrañas al mérito de los procesos. Para lograr esta justicia imparcial e independiente proponemos: