Si bien la injusticia es un fenómeno multi-causal, una de sus raíces se hunde justamente en los desequilibrios históricos y estructurales: entre mujeres y hombres; entre mestizos e indígenas, negros, montubios y otros grupos excluidos; entre generaciones jóvenes y generaciones mayores, etc. Estos desequilibrios se originan con frecuencia en los estereotipos, así como en la inequidad y discriminación que traen consigo.
Estas inequidades aumentan los riesgos de que mujeres y otros grupos excluidos sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia económica, la diferencia de oportunidades, la brecha salarial, y las dinámicas de poder y subordinación que aún imperan en muchas relaciones sociales (de pareja, familiares, laborales, políticas, mediáticas, etc.).
El menoscabo general, además, se hace evidente en el abandono de la agenda neoliberal de la cuestión social, que se ha traducido en falta de políticas de prevención integral de las violencias, en el relegamiento de programas significativos especialmente en las áreas de salud y educación, en la ausencia de financiamiento de actividades estratégicas para asegurar el goce pleno de los derechos de ciudadanía a la población femenina y a otros grupos excluidos.
En el período neoliberal la justicia igualitaria ha menguado también por un conjunto de razones entre las que sobresale el terrible deterioro económico, que afecta a los hogares, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado laboral y los procedimientos institucionales violentos. Esto ha aumentado las asimetrías producidas por el sistema patriarcal, que impone el machismo y los imaginarios de la blanquitud como aspiraciones normativas de una sociedad alienada de su propia realidad.
En el fondo, el rechazo institucionalizado de la diferencia es una condición necesaria para el régimen neoliberal: cuando lo único que importa es la ganancia los diferentes son solo vistos como el ejército de explotación de reserva. Como miembros de este sistema, todos hemos sido condicionados para responder con temor y rechazo a las diferencias: o bien se trata de ignorarlas, o se pretende asimilarlas suprimiendo su diferencia, o simplemente se destruyen.
PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS
Será una prioridad luchar contra la discriminación y violencias de todo tipo. Para ello se implementará un Plan de Lucha contra las Violencias y Discriminación, y se crearán Observatorios contra las Violencias de todo tipo, así como refugios, redes de prevención, capacitaciones, entre otras.
También se fortalecerán los mecanismos de concepción, planificación y ejecución de las políticas públicas con perspectivas inclusivas, y articulación de acciones con los respectivos Ministerios y la sociedad civil. En coordinación con las instancias correspondientes, se asumirá la obligación de realizar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencias de género y otros tipos de violencias, que incluye el deber de contar con un marco jurídico adecuado de protección.
Otro asunto fundamental, que ha cobrado relevancia durante la cuarenta, es la economía de los cuidados. En el presente es imprescindible desarrollar legislación para definir los cuidados como un derecho fundamental y una responsabilidad social inseparable de la vida misma, y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.
Esto requiere crear un Sistema Nacional de Cuidados que garantice la autonomía funcional de las personas que lo requieran sin que su peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia.