El candidato a la Presidencia de Ecuador por la Lista 1, Andrés Arauz, señaló este domingo que uno de sus compromisos será la lucha contra la corrupción pública y privada, así como traer de vuelta al país los recursos que han salido a causa de ella.
En ese contexto se refirió a la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe una Ley de Extinción de Dominio y la propuesta que realizó de que se incluya en la normativa un artículo que establezca que los bienes adquiridos en el Ecuador a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales se declaren también como bienes injustificados.
“Un texto muy similar al que yo propuse quedó incluido en la Ley y sorpresa, ya no la quisieron aprobar porque sabemos que los grandes grupos económicos y las familias más poderosas en este país, incluyendo muchos de los candidatos a la presidencia de Ecuador, viven en casas que ni siquiera están a nombre de ellos mismos, sino a nombre de sus empresas de fantasías ubicadas en los paraísos fiscales”, dijo Arauz en un conversatorio que mantuvo con los medios de comunicación de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Además, recalcó que su gobierno será implacable con la corrupción, específicamente con aquella que saca dólares del país y debilita la dolarización. “Vamos a buscar que los recursos vuelvan al Ecuador, (los que han salido) producto de la corrupción pública, pero también de la privada, de la evasión tributaria, de los paraísos fiscales de la sub y sobre facturación, de las enormes irregularidades en comportamiento tributario de muchos de los candidatos actuales”, señaló.
El candidato de la Revolución Ciudadana también se refirió a la urgencia que existe en el país de generar trabajo y nuevas oportunidades económicas para los más necesitados, por lo que esa será la prioridad en los primeros días de Gobierno incluyendo las parroquias rurales, a las cuales les urge la resolución de sus necesidades más básicas.
Asimismo mencionó que existe un plan de reestructuración de deudas, especialmente de aquellas que crecieron en el contexto de la pandemia de la Covid-19 y que generan malestar en la clase media y popular.
“Tenemos que establecer un diferimiento obligatorio y que luego se difiera con plazas de interés más bajas y cuotas más económicas a las familias”, dijo y añadió que en el caso de las deudas con el Biess se analizarán con mayor detenimiento, para proteger el dinero de los jubilados.
Arauz habló también sobre la necesidad de mejorar el sistema de educación, con la potencialización de las universidades, lo que permitirá repotenciar el talento humano del país. El candidato de la Revolución Ciudadana hizo un llamado a mantener la unidad por la Esperanza, para “reivindicar la verdadera justicia en el país”.
En materia económica, la prioridad del Gobierno de la Esperanza será dar oportunidades de desarrollo a las familias con la entrega de un bono emergente de 1000 dólares a un millón de madres de familia para dar un alivio a sus bolsillos y dinamizar la economía del país.
En ese mismo ámbito, precisó que es necesario llegar con una mayoría a la Asamblea para “reformar algunas de las leyes, como la Ley Humanitaria que sembró una desconfianza entre el trabajador y empleador” y permitió que el pueblo sea despedido sin recibir ningún tipo de beneficios.
También hizo referencia a que esta ley se aprobó en medio de la repartición de hospitales y la entrega de carnés falsos de discapacidad. “El Bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana fue el único que no tenía ni un caso de carnés de discapacidad falsos, lo que demuestra que no fuimos parte de ese reparto y vamos a investigar a profundidad porque ahí está involucrada la actual Vicepresidenta de la República, exdirectora de la Aduana”, manifestó.
En cuanto a la salud, comentó que tiene listo un plan de vacunación universal para hacer frente a los retos de la pandemia. Por lo pronto, recordó que cuenta con 4,4 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 por parte del Gobierno de Argentina, que se comprarán al precio de costo.
Respecto a la economía popular y solidaria precisó que se potenciará de forma permanente con el catálogo dinámico inclusivo que permite la participación de cada provincia en los contratos con el Estado y que forma parte de una política de desarrollo del país.