Hace más de un año escribíamos que si la meta recaudatoria de la remisión (el perdón de intereses, multas y recargos) era de $602 millones, eso significaba que las empresas buscaron esconder $3219 millones en utilidades mediante fraude contable.
Sin embargo, hoy conocemos que el SRI gestionó $1268 millones. Esto significa que el fraude contable en años pasados llegó a ser de al menos* $6780 millones.
La dimensión del fraude contable de las empresas es descomunal: es al menos* 6% del PIB actual. El impacto en las estadísticas macroeconómicas es muy importante. La mayoría de juicios eran por determinaciones tributarias entre 2011 y 2016. Esto quiere decir que en esos años, la economía medida por el PIB (valor agregado bruto, que incluye utilidades) fue cumulativamente al menos* $6780 millones mayor. Esto altera totalmente las estadísticas de distribución de los factores (capital-trabajo), la relación entre ganancia y liquidez, la relación entre ganancia e inversión, la inversión “extranjera” directa e incluso los coeficientes de déficit fiscal y deuda/PIB.
Si hoy leo los balances de esas empresas, me están engañando. No hay ninguna transparencia. Su contabilidad no me dice nada, pues se evidencia que practicaban doble contabilidad a gran escala y que en la segunda contabilidad reportaban ganancias muchísimo mayores: al menos* $6780 millones.
A los trabajadores (con la decisión constitucional vigente) les hubiera tocado al menos* $1017 millones.
Es indispensable y es un imperativo que la Corte Constitucional declare inconstitucional (con efecto retroactivo) la Disposición General Tercera de la Ley Trole 3 y que en su decisión, dispongan al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías recalcular la contabilidad, al Ministerio de Trabajo recalcular la participación de las utilidades para los trabajadores y al Banco Central del Ecuador y al Ministerio de Finanzas recalcular las estadísticas macroeconómicas y los coeficientes macrofiscales.
* para estos cálculos asumo de forma conservadora la repartición total de dividendos con una tasa de Impuesto a la Renta de 22%. Si aplico un supuesto agresivo de reinversión total de utilidades con una tasa de Impuesto a la Renta de 12%, el fraude contable aumenta a 12430 millones (11% del PIB actual). Y el escenario máximo de utilidades de trabajadores sería de $1865 millones.